El Gobierno ha convocado, el pasado 26 de enero, la primera subasta renovable en cuatro años, tras la última celebrada en julio de 2017, con un cupo objetivo de 3.000 megavatios. Del total, al menos 1.000 MW se destinarán a tecnología fotovoltaica y otros 1.000 a eólica terrestre. Además, la potencia restante queda a subastar sin restricción tecnológica.

El plazo de entrega de documentación se abrió el pasado 16 de diciembre para todas aquellas instalaciones nuevas o ampliaciones de instalaciones existentes que estén situadas en el sistema eléctrico peninsular y cuyo sistema de almacenamiento, en caso de disponer de él, sea empleado “exclusivamente para almacenar la energía producida en la instalación”.

Características de la subasta renovable

El objetivo de la nueva subasta renovable es optimizar la integración de la energía limpia y maximizar el ahorro para la factura eléctrica. Además, se establece que el precio percibido por las instalaciones se obtendrá a partir del precio resultado de la subasta corregido con cierta exposición a mercado.

La resolución establece el porcentaje de ajuste de mercado en un 25% para las tecnologías con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad.

Además, las pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía que se produce y el volumen de producto que se adjudica a una misma empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50% del cupo del producto (1.500 MW).

Por otra parte, el plazo máximo de entrega de la energía comprometida es de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestres y marina e hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos.